Le Pays De France - Racionalización del programa de protección oficial en Colombia

Racionalización del programa de protección oficial en Colombia
Racionalización del programa de protección oficial en Colombia

Racionalización del programa de protección oficial en Colombia

El presidente Abelardo de la Espriella ha ordenado al Ministerio del Interior y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) revisar exhaustivamente los dispositivos de seguridad asignados, con el objetivo de retirar aquellos que carezcan de justificación objetiva. Esta medida busca poner fin a los excesos en el uso de escoltas oficiales financiadas con recursos públicos, asegurando que la protección se mantenga únicamente para quienes enfrenten riesgos comprobables.

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El Gobierno Nacional ha implementado una serie de medidas dirigidas a retirar esquemas de protección, afectando principalmente a exfuncionarios y excontratistas vinculados al periodo anterior. Hace un mes, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó al Ministerio del Interior y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) iniciar de inmediato una revisión completa de cada uno de los dispositivos asignados, comenzando con la retirada de aquellos que no tuvieran justificación.

Esta directriz presidencial ha sido calificada como oportuna y conveniente por analistas que señalan que el uso de escoltas oficiales sufragadas con impuestos presenta décadas de excesos y abusos que deben ser erradicados. No obstante, se ha enfatizado la promesa del presidente de que ninguna persona con riesgos reales y comprobables perderá su custodia. La decisión debe estar libre de motivación política o ideológica al determinar la continuidad o suspensión del beneficio.

Para la asignación de estos esquemas de seguridad reforzada por parte del Estado, es requisito realizar estudios que midan la vulnerabilidad de la persona a proteger. De manera similar, el retiro de estas protecciones requiere razones objetivas que indiquen, con la mayor certeza posible, que los individuos desprovistos de escolta no asumirán peligros extraordinarios superiores a los que enfrenta cualquier ciudadano colombiano.

Entre las corruptelas reveladas del gobierno anterior se encuentra la concesión de esquemas de protección a allegadas cercanas al presidente y a contratistas de bodegas digitales remuneradas. Estos últimos utilizaban un lenguaje agresivo para generar choques partidistas, sociales e ideológicos, provocando reacciones viscerales en los bandos contrarios. Algunos reclamaron y obtuvieron cobertura generosa, confundiendo la necesidad de escolta con ansias de figuración y estatus. Lo que debería ser una estrategia pública de seguridad se convirtió, para algunos, en una frívola concepción del pavoneo y la obtención de privilegios a cargo de los recursos del Estado.

No obstante, no todos los beneficiarios buscan alardear. Existen cientos de funcionarios públicos, congresistas, magistrados, jueces, fiscales y líderes sociales que realmente necesitan esta protección. Según datos de la UNP, el presupuesto de la entidad para 2026 es de $2,7 billones, aunque se requieren $2,4 billones adicionales para atender las demandas actuales. Casi once mil personas cuentan con esquemas de protección en varias modalidades. Un esquema básico que incluye vehículo y dos escoltas cuesta aproximadamente $45 millones mensuales; si se utiliza un carro blindado, los costos son significativamente mayores. En el caso de capos paramilitares o guerrilleros desmovilizados, las "cápsulas" pueden costar hasta $200 millones mensuales cada una.

Aunque la violencia política no alcanza las cifras escandalosas de hace unos años, no es un fenómeno erradicado. El magnicidio del senador y exprecandidato presidencial Miguel Uribe Turbay fue una dolorosa muestra de esta realidad. A él se le tenía asignada una escolta reducida con evidentes falencias. Otro recuerdo sangrante es el asesinato, en estado de absoluto desamparo, del exministro de Justicia Enrique Low Murtra en abril de 1991. Era uno de los personajes más amenazados del país por los carteles del narcotráfico. El gobierno de Virgilio Barco lo nombró embajador en Suiza para alejarlo de los graves riesgos, pero la administración de César Gaviria lo retiró del cargo y lo dejó en total abandono, sin custodia oficial. Fue acribillado en Bogotá al salir de dictar clase por la noche mientras esperaba transporte público. Por esa omisión, el Consejo de Estado condenó a la Nación en 1997.

Retirar esquemas de seguridad innecesarios es una demanda razonable y necesaria, pero para quienes sí tienen amenazas, el riesgo es enorme. Resulta imprudente revelar los nombres de quienes quedan sin protección, incluso si se busca un efecto político disuasorio. Para los medios de comunicación, esto presenta un dilema deontológico: divulgar la identidad de quienes se ven desprovistos de vigilancia podría exponerlos a amenazas o acciones directas por parte de potenciales agresores.

Un capítulo relevante es la protección que se presta a exjefes guerrilleros y desmovilizados. Ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, anunció una severa revisión para buscar mayor equidad y proporcionalidad. En el Senado se han documentado denuncias sobre beneficios exorbitantes que no apuntan a la seguridad de los firmantes de los Acuerdos de Paz, sino a la atención de exigencias suntuarias que sobrepasan lo fiscalmente cubrible por el Estado.

La racionalización del programa de protección a personas amenazadas es bienvenida y debe ser producto de un concienzudo análisis con la participación de la Policía, la Fiscalía y entidades como la Defensoría del Pueblo. El proceso debe carecer de criterios clientelistas. Como señaló el presidente De la Espriella, no cualquier figura con eco en las redes sociales debe reclamar que todos paguen vehículos, combustible y escoltas. Existen verdaderos líderes sociales que requieren, con toda justicia, que el Estado les garantice un mejor uso del amparo oficial.

(M.LaRue--LPdF)