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A la capital del estado, Potsdam, le gusta presentarse como un municipio moderno y acogedor para los niños. En octubre de 2025, el Ayuntamiento aún se congratulaba por tener una «alcaldesa para todos»: Noosha Aubel (50) entró en el Ayuntamiento de Potsdam con el 72,9 % de los votos. Noosha Aubel, nacida en 1978, se labró su reputación en el ámbito de la asistencia a la juventud antes de ascender a alta funcionaria y, finalmente, a alcaldesa. Precisamente bajo su responsabilidad se está produciendo ahora un escándalo moralmente vergonzoso en todos los sentidos, que sacude la imagen que la ciudad tiene de sí misma como una localidad social e inclusiva: un niño de dos años con un grado de discapacidad del 100 % y un grado de dependencia 4 lleva más de un año esperando en vano una plaza legítima en una guardería con asistencia personal.Nuestra investigación se basa en documentos judiciales disponibles, denuncias ante la inspección de servicio y consultas a la prensa. Pone de manifiesto una alarmante sucesión de retrasos, remisiones ilegales y una oficina de prensa del Ayuntamiento de Potsdam que solo quiere cumplir con su obligación de informar mediante trucos poco convincentes. Los afectados no ven en el comportamiento del Ayuntamiento un caso aislado lamentable, sino un fallo estructural: Ya en 2022, la hermana mayor del niño con discapacidad grave no obtuvo una plaza en la guardería a pesar de su grave discapacidad (discapacidad grave al 100 % con grado de dependencia 5); también en este caso, los responsables de la capital del estado federado, Potsdam, fallaron por completo, lo que plantea interrogantes sobre la moral, la decencia, la frialdad emocional y la total incompetencia. (https://live.deutsche-boerse.com/nachrichten/IRW-News--ACCESS-Newswire-Noosha-Aubel-Skandal-in-Potsdam-um-schwerstbehindertes-Kind-b9408cc0-6dbe-49d8-b664-7e5d788b2686)Derecho incondicional a una plaza en una guarderíaEl Libro VIII del Código Social garantiza a los niños a partir de cumplir un año de edad el derecho a recibir atención en un centro de día; dicho derecho se rige por las necesidades individuales (art. 24 del SGB VIII). El Tribunal Superior Administrativo de Berlín-Brandeburgo ya dejó claro en 2018 que este derecho «no se limita únicamente al marco de las capacidades disponibles»; el Estado federado debe crear las plazas necesarias y no puede alegar la falta de personal cualificado como excusa. Los jueces concedieron al Estado federado un plazo de cinco semanas para proporcionar una plaza cercana al domicilio y declararon que los tiempos de desplazamiento superiores a 30 minutos eran inaceptables. La asistencia a la juventud sigue siendo la competente en la materia; no se pueden esgrimir las prestaciones de ayuda a la integración previstas en el SGB IX para eludir la responsabilidad.Derecho incondicional a una plaza en una guarderíaEl Libro VIII del Código Social garantiza a los niños a partir de cumplidos los dos años el derecho a recibir asistencia en un centro de día; dicho derecho se rige por las necesidades individuales (art. 24 del SGB VIII). El Tribunal Superior Administrativo de Berlín-Brandeburgo ya dejó claro en 2018 que este derecho «no se limita al marco de las capacidades existentes»; el Estado federado debe crear las plazas necesarias y no puede esgrimir la falta de personal cualificado como excusa. Los jueces concedieron al Estado federado un plazo de cinco semanas para proporcionar una plaza cercana al domicilio y declararon que los tiempos de desplazamiento superiores a 30 minutos son inaceptables. La asistencia a la juventud sigue siendo la competente en la materia; las prestaciones de ayuda a la integración previstas en el SGB IX no pueden esgrimirse como pretexto para eludir la responsabilidad.La inclusión como derecho humanoLa Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Convenio Europeo de Derechos Humanos obligan a Alemania a garantizar una educación inclusiva. En el caso G.L. contra Italia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó en 2020 por primera vez a un Estado por haber denegado apoyo individual a una niña autista. Los jueces subrayaron que los niños con discapacidad tienen derecho al apoyo que necesitan; la referencia a la falta de recursos económicos no exime al Estado de su responsabilidad. Una desventaja basada únicamente en la discapacidad constituye una discriminación.Los padres y sus abogados ya han anunciado ante la prensa su intención de iniciar un procedimiento relativo a la responsabilidad del Estado, así como de recurrir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), lo que, a la luz de la citada resolución del TEDH, podría dar lugar a una condena de la República Federal de Alemania y a los costes asociados, costes que el ciudadano tendría que asumir como consecuencia de la actuación política.Obligaciones de información frente a la prensaLa libertad de prensa también está protegida por ley en Brandeburgo. El artículo 5 de la Ley de Prensa de Brandeburgo (BbgPG) obliga a las autoridades a facilitar a los periodistas «la información necesaria para el cumplimiento de su función pública». Las excepciones —como los procedimientos en curso o las obligaciones de confidencialidad— están estrictamente limitadas y no permiten denegar la información. Las disposiciones generales que prohíben la información de forma generalizada son expresamente inadmisibles. El propio Gobierno regional señala que las consultas de la prensa deben responderse con celeridad; lo habitual es dar una respuesta por escrito.Marzo de 2024: autorización y posterior retrasoEn marzo de 2024, tras los dictámenes médicos, la ciudad de Potsdam autorizó oficialmente la asunción de los costes de una guardería inclusiva con ocho horas diarias y asistencia individualizada. Sin embargo, la alegría de los padres duró poco: los servicios de asistencia a la juventud se negaron a proporcionar una plaza concreta. En su lugar, los funcionarios exigieron que los propios padres encontraran un asistente adecuado, lo que supone una inversión de la competencia legal.Noviembre de 2025: el Ayuntamiento se remite a un «contrato» que ni siquiera existeEn una carta interna del 21 de noviembre de 2025, una empleada municipal comunicó a los padres que, según el contrato, solo era posible una remuneración por horas del asistente y que los padres debían seguir organizando ellos mismos la contratación de un asistente. Los padres señalaron que, según el artículo 24 del SGB VIII y el artículo 4 del SGB IX, el Ayuntamiento estaba obligado a «proporcionar una plaza de atención efectiva, incluida la ayuda individualizada».